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Defiende a Cavallo la Marina argentina     
Por Luis Méndez REFORMA

(04 Julio 2003).- Continúa el acusado en reserva militar de esa organización

REFORMA / España

MADRID.- "A través de la Marina y la Embajada argentinas me solicitaron que
me encargara de la defensa de Ricardo Miguel Cavallo en España. Mi
planteamiento desde el primer día fue que no se debía entrar en el fondo del asunto, ya
que la justicia española no es competente para perseguir este tipo de delitos.
Nos opusimos por tanto a la extradición de Cavallo por falta de jurisdicción,
aunque obviamente no tuvimos el éxito esperado", afirmó el abogado Jorge
Laspiur, en lo que supone el primer reconocimiento explícito de que la fuerza naval
se interesó por la suerte del presunto genocida desde su ingreso en una
prisión mexicana.

Para este abogado argentino que defendió los intereses del ex teniente de
fragata en España desde su detención en México en agosto de 2000, no debería
extrañar a nadie que Cavallo se haya dirigido al Gobierno argentino para que le
instruya sobre las cuestiones que, por razones de seguridad nacional, no puede
revelar en sus declaraciones al juez Baltasar Garzón.

"Esta consulta al Gobierno argentino es algo absolutamente normal, porque él
es un militar en la reserva, que no ha sido expulsado del cuerpo y que nunca
ha sido condenado. Cavallo sigue siendo un oficial de la Marina argentina, con
todos sus atributos. Y, por lo tanto, él no puede hablar sin autorización de
sus superiores", subrayó Laspiur en entrevista con REFORMA.

El abogado, que litigó tres años desde España contra el proceso de
extradición del ex Director del Registro Nacional de Vehículos de México por delitos de
genocidio y terrorismo, presuntamente cometidos durante la dictadura militar
argentina (1976-1983), considera que no es necesario reforzar las medidas de
seguridad en la cárcel de Soto del Real, 30 kilómetros al norte de la ciudad de
Madrid, donde se encuentra recluido Cavallo.

"No creo que se deban incrementar las medidas de seguridad, ya que él es un
preso común, como otro cualquiera. No es un hombre que esté perseguido y pienso
que tampoco nadie quiere vengarse de él".

También descarta cualquier intento de suicidio por parte del ex militar , tal
como sugirieron recientemente los abogados de la acusación popular. "Todo lo
contrario, el está muy tranquilo, muy calmado. Eso sí, siente que se ha
cometido una gran injusticia con él y esto es algo palpable, que se le nota. Además
está muy preocupado por sus tres hijos que viven en la Argentina", agrega.

Acudirán a instancias superiores       
Por Luis Méndez REFORMA

(04 Julio 2003).-


REFORMA / España

 

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió al Juez Baltasar
Garzón que recurrirá a instancias judiciales superiores (Sala de lo Penal) para que
lo hagan rectificar si no revoca el auto de prisión de Ricardo Miguel Cavallo
.

El Fiscal Pedro Rubira pidió de nuevo la puesta en libertad del ex militar
argentino por considerar que la justicia española es incompetente para juzgar
los presuntos crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina
(1976-1983).

La protesta de la Fiscalía trascendió el mismo día en que los argentinos
Marcelo Hernández y Federico Gómez acudieron a la Audiencia Nacional para declarar
en contra de Cavallo.

Hernández sobrevivió a dos años de tortura física y sicológica en
instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), tras ser secuestrado en enero
de 1977. Ante el Juez detalló vejaciones a las que fue sometido por el grupo al
que pertenecía Cavallo, a quien identificó plenamente.

El otro testigo, hijo del abogado Conrado Gómez, secuestrado también en enero
de 1977 y asesinado tras su estancia en la ESMA, presentó ante Garzón
documentos inéditos para probar que los militares robaron a su familia entre ocho y
12 millones de dólares, y que parte de ese capital seguía en poder de Cavallo
cuando fue detenido en México en agosto de 2000, pues le sirvió para que la
empresa Talsud ganara la licitación del Renave.

Según relató al Juez, el dinero robado a su familia fue transferido a
sociedades como Long Regent S.A. y Maritel S.A., controladas actualmente por varios
ex militares argentinos; entre ellos están Miguel Angel Egea y Jorge Radice.
Gómez también aportó pruebas sobre la existencia de un depósito de 26 millones
de dólares, que estaría colocado en paraísos fiscales de Suiza, Andorra y
Liechtenstein.

Anexo I de la causa judicial de las Finanzas de los Montoneros

En su declaración indagatoria (ver el Apéndice 1) el Capitán de Fragata Rolón informa expresamente haber capturado el 10 de enero de 1977 al terrorista Juan GASPARINI - Jefe del Ámbito de las Finanzas Montoneras -, según ordenes que recibió estando destacado en comisión transitoria en la ESMA como joven teniente, la cual finalizó a los pocos días sin haber tenido otras actuaciones personales relacionadas con ese ámbito y regresando a su buque en Puerto Belgrano. Por otra parte ninguna evidencia o testimonio del expediente lo relaciona con tareas sobre las Finanzas Montoneras, su única ligazón es con la captura de GASPARINI.

Sus firmes y claras declaraciones evidentemente sorprenden a la querella, la cual al mismo día siguiente presenta un escrito agregando un nuevo testigo, Marcelo HERNÁNDEZ, el cual declara 24 horas después - un viernes – y lo hace de nuevo imprevistamente el lunes siguiente, aduciendo ´haber pensado durante el fin de semana´ y así recordado más cosas. Sencillamente alevoso.

Este supuesto testigo, hasta ahí desconocido, entrando precipitadamente al ruedo ´por su propia iniciativa y voluntad´ según manifiesta, nunca había declarado en esta causa; tantos años después de los hechos aparece mágicamente en un repentino ataque de memoria (ver el Apéndice 2, con el escrito presentado por la defensa al respecto).

Este HERNÁNDEZ, quien afirma haber permanecido privado de su libertad largo tiempo en la ESMA, sólo hace pública esa condición en esta causa, más de veintitrés años después de producidos los episodios y, detalle sugestivo, sin haber declarado nunca antes en ninguna de las investigaciones judiciales abiertas a partir de 1983; no lo hizo en la CONADEP, tampoco en la Causa 13 contra los Comandantes, ni en la Causa 761 y menos en la amplísima literatura de todo tipo aparecida desde entonces.

Es indudable que la sorpresiva aparición de Marcelo HERNÁNDEZ obedece al afán por contradecir lo declarado por el Capitán Rolón un día antes. Sus dichos se relacionan con la declaración de Rolón como reacción mecánica al estímulo, en respuesta inmediata, descarada y directa para confundir, enredar y sembrar la incertidumbre. Su relato carece de consistencia y fidelidad, desbordando los límites de la prudencia sobreactua y se pierde en contradicciones y exageraciones.

HERNÁNDEZ va incluso más lejos que el propio GASPARINI - de quien sin embargo confiesa ser su Segundo en el Ámbito de las Finanzas terroristas - al mentar falsas circunstancias que ni siquiera el nombrado, tan mendaz como su Segundo cabecilla, se animó a referir en tamaños calibre y dimensión.

Así es como miente sin empacho al referirse al posterior procedimiento llevado a cabo en la casa de GASPARINI donde mueren la esposa de este y otra mujer en un violento tiroteo. En su afán de contradecir al Capitán Rolón y complicarlo falsamente - prolongando artificialmente en el tiempo su aislada y puntual actuación contra Finanzas al capturar a GASPARINI - HERNANDEZ miente bajo juramento declarando que ese tiroteo ocurrió varias noches después del 10 de enero y a cargo de Rolón.

Es una mentira flagrante , dado que la Cámara Federal con múltiples evidencias estableció en la Causa 13 que ese enfrentamiento tuvo lugar en la noche del mismo día 10 de enero de 1977 y hasta GASPARINI así lo ha sostenido siempre.

El falso testigo HERNÁNDEZ toma especial cuidado en mentir que Higinio GÓMEZ no formaba parte de la Organización, sosteniendo con falsa ingenuidad que este era solo un Colaborador, fingiendo ignorar que los Colaboradores también eran miembros de la organización Montoneros, con el mismo funcionamiento clandestino del resto, pero que actuaban algo más en superficie por sus tareas.

GÓMEZ era sin duda un miembro conspicuo de la Organización, apto para montar la fachada con que se enmascaraba la administración de los fondos locales de los Montoneros. "Era mi abogado y era Montonero", asevera sin vueltas Guillermo MARTINEZ AGÜERO en una entrevista llena de revelaciones que publica el diario Los Andes del 30 de mayo de 1999" (ver el Apéndice 5, con la copia completa de tal publicación, que fuera agregada a esta causa por las defensas e ignorada olímpicamente por el juez Bonadío al decidir los procesamientos)

En el colmo del disparate, HERNÁNDEZ contradice a GASPARINI y a los mismos marinos Perren y Rolón, sosteniendo que este último no estuvo a cargo de la captura de GASPARINI.

La lectura del Apéndice 2 brinda más detalles al lector. Es sencillo verificar que la versión de HERNÁNDEZ es completamente distinta de las demás suministradas por el resto de quienes han declarado y pertenecido al mismo bando terrorista.

Sin ser aun de conocimientos de la defensas el testimonio de Marcelo HERNÁNDEZ, el 31 de agosto el Capitán de Navío (RE) Jorge E. PERREN presentó espontáneamente un escrito legal bajo juramento (ver el Apéndice 3) haciéndose responsable de haber impartido, el 10 de enero de 1977, al entonces joven Teniente ROLÓN la orden de capturar al terrorista Jefe de las Finanzas Nacionales de Montoneros Juan GASPARINI y presentando pruebas irrefutables de la absoluta desconexión de ROLÓN y él con los presuntos y muy posteriores hechos referidos a los bienes ilegales de los Montoneros.

Como referíamos en la Introducción, pese a que PERREN aparece en este expediente por su exclusiva decisión, el juez BONADÍO seis días después de su presentación voluntaria imparte la orden de captura del marino – como si pudiera imaginar que este se había presentado según su deber militar para luego ponerse prófugo, evidentemente un golpe bajo del juez orientado a satisfacer a los órganos de prensa enemigos de las FFAA - lo indaga, detiene y procesa.

En los Apéndices 4,  09  y  10  está detallado el atropello jurídico cometido por el juez BONADÍO al indagar a PERREN violando las formas esenciales de tal acto. Solo cumplió formalmente la última de las tres reglas ineludibles a observar por el juez en una declaración indagatoria. La primera es informar al imputado "cuál es el hecho que se le atribuye", la segunda obliga a hacer lo mismo con "las pruebas existentes en su contra" y la tercera exige prevenirlo, una vez que el interesado dispone de toda la información pertinente para empezar el acto, de "que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad". El acto previsto para recoger la versión del interesado y permitir la defensa perdió su sentido y virtualidad, ya que la presencia del imputado ante el a quo no sirvió para enterarse de la imputación ni para ser escuchado al respecto.

En el Apéndice Nro. 5 se detalla una entrevista en el diario Los Andes de Mendoza del 30/5/99 al confeso Montonero MARTÍNEZ AGÜERO, ex Oficial Superior Jefe de la Regional Cuyo y cuñado de FIRMENICH que fuera incorporada a la causa por las defensas.

MARTÍNEZ AGÜERO se identifica allí como "uno de los máximos dirigentes nacionales de la organización guerrillera Montoneros" y afirma que:

a) "Los 61 millones que Montoneros cobró por liberar a los hermanos Jorge y Juan Born, se utilizaron en distintas inversiones y se manejó el dinero vía testaferros".

b) "El gerente general de la empresa Cerro Largo era otro militante montonero. Se llamaba Conrado Gómez. Era mi abogado y era montonero. Era tan buen militante que me llevó el último informe de la conducción de Montoneros escrito en el papel de cigarrillos y envuelto en celofán y nylon. Entró a la cárcel con el rollito en la boca y me lo dio".

¿Que hace ante esto el ex juez de la causa Bonadío? Ignora el escrito como si no existiera en el expediente y al procesar solo se basa en otro escrito de MARTÍNEZ AGÜERO, confeccionado con carácter de juramento ante un Escribano Público mendocino - a pedido de la querella hace pocos meses y presentado ante la causa por la misma - donde MARTÍNEZ AGÜERO brinda una versión mendaz y completamente diferente, describiendo a Higinio GÓMEZ como un "angelical comerciante opulento y abogado peronista defensor de presos políticos".

Más que obvia la construcción, contradicción y mendacidad del falso testimonio, siendo esencial la citación de MARTÍNEZ AGÜERO a declarar ante el juez, como pidieron las defensas. Pero el BONADÍO lo ignoró y para peor fundamenta sus decisiones en esos falsos dichos ante escribano.

En los Apéndices 6,  07  y  08 - de corta lectura por su brevedad – se describen otros elementos esenciales para esta Causa, tales como, respectivamente:

- una nota de ¨La Nación¨ sobre "La historia secreta del botín de los montoneros" con palabras del coronel cubano Filiberto CASTIÑEIRAS y un informe de Mario DIAMENT;

- los datos que revelaría que el Montonero conocido como Dr. PAZ sería el mismo GASPARINI´y

- finalmente un escrito de la defensa advirtiendo que la pesquisa de BONADÍO se apartó del objeto procesal ordenado al ex juez LITERAS por la Sala II de la Cámara Federal.

a) Evidentemente el juez no ha hecho una investigación profesional: 

"no ha pedido el legajo de servicios del Cap. Perren, donde habría corroborado sus dichos de que fue trasladado al crucero Gral. Belgrano el 26 de marzo de 1977; se habría percatado que la testigo ex Montonera Daleo dice haber sido detenida recién en octubre del 77, mucho después de los hechos de esta causa; se habría percatado además que el mismo ex terrorista Martín Grass (a fojas 1074) dice que Perren fue Jefe de Operaciones hasta marzo del 77, siendo reemplazado por el Teniente Yon que permaneció hasta 1978; se habría preguntado como entonces Perren pudo seguir conformando una presunta asociación ilícita basada en la ESMA desde un crucero en Puerto Belgrano y luego desde Europa.....".

b) Cita a fojas 2487 (5to. Párrafo) el informe de la Armada sobre destinos y cargos de Rolón, aseverando  que según esa fuente el entonces Teniente Rolón ¨ejerció la Jefatura del Servicio de Contrainteligencia durante los años 1977 y 1978¨, 

confundiendo - ¿error o adrede? - que tal informe de la Armada dice otra cosa: "JEFE DEL CARGO CONTRAINTELIGENCIA DE B.A.C.E (Base Aeronaval Comandante Espora) durante 1977 y 1978".

c) El juez Claudio Bonadío tiene serios problemas de interpretación de textos simples o quizás algún secretario escribiente le falseó lo asentado en el expediente. 

El testigo y ex Montonero Lauletta dice: "También rondaban por ese tema (Finanzas), pero no participaban ...Fulano... y Perren (sic). Nadie le repregunta al testigo que implica en su criterio: ¨rondar pero no participar¨.

El juez mágicamente en el auto de procesamiento cambia esas palabras por las siguientes: "También participaban esporádicamente ...Fulano... y Perren" (sic). 

Parecería que para el juez, la frase "rondaban, pero no participaban¨ es sinónimo de ¨también participaban esporádicamente¨. Que decir aparte de como ROLÓN y Perren podrían ´rondar, participar o lo que fuera...´ si se habían ido definitivamente de la ESMA al corto tiempo de la captura de Gasparini, a principios del 77.

- Ni una sola prueba del legajo sindica a los defendidos en los papeles que les atribuye la resolución.

- Se objeta severamente la actitud del juzgado, que sostiene la imputación manipulando selectivamente pautas generales que no tienen en cuenta las condiciones de tiempo, se desentienden de las limitaciones de lugar, parcializan las fuentes de prueba, toman de la pieza lo que viene a propósito, desprecian la versión perfectamente autorizada de los propios interesados y, en fin, termina afirmando como cierto lo que se sabe falso.

- Sin dar una sola razón plausible que justifique el juicio que les imputa, dispone el procesamiento y la prisión preventiva de los defendidos.

- La investigación se extravió en dimes y diretes agregados a medida que crecía el legajo, una multitud de nombres propios - el señor Procurador General de la Nación tiene reservado por ejemplo un papel principal en el reparto - quedaron al costado sin razón que lo explique.

- Los dos defendidos terminan formando parte de una curiosa asociación ilícita a la que habrían pertenecido - elegidos por el juez para ocupar el sitio por causas que no surgen de la causa ni tienen que ver con ella - como oficiales de la Armada Argentina en actos regulares del servicio naval.

- Si es cierto que la pesquisa debía estructurarse según indicó la Alzada, poco y nada de lo actuado en la averiguación y de lo dicho en la resolución hacen al caso, vienen a cuento y sirven para dirigir la imputación que ella formaliza contra los defendidos.

- Los testigos forman parte de una parcialidad altamente comprometida con el fenómeno, miembros confesos del Ejército Montonero que ya declararon mil veces, que por lo común - como se denunció en el caso HERNÁNDEZ, surge claro en MARTINEZ AGÜERO y se podría mostrar con varios más - los testigos no tienen apego por los hechos históricos, funcionando como piezas de un engranaje mayor empeñado en convertir el proceso judicial en terreno propicio donde reeditar el conflicto de antaño.

- La paradoja, los miembros sabidos de una asociación ilícita si las hay (Montoneros), que actuó como tal, así se la declaró formalmente y la reconocieron sus propios miembros, son la herramienta de conveniencia ocasional para hacerse, ellos, medio apto desde donde fabricar otra asociación ilícita distinta - verdadero artificio del discurso, toda una revolución dando vuelta los conceptos del derecho hasta destrozar conceptos sencillos de derecho penal - de la que formarían parte los miembros de la Armada Argentina por el hecho de serlo.

- En lo que en particular atañe a los dos defendidos más que la relación de sus dichos (sigue sin saber el defensor porqué se dispuso la detención del Capitán PERREN y el texto sólo refiere por la foja el escrito del nombrado) todo consiste en anticipar el juez que descartará sus declaraciones porque le da la gana, apoyado en juicios dogmáticos que no sustenta ni en la razón ni en la causa.

- El hecho es que la resolución llegará al final sin tomar nunca en cuenta el caso particular de los defendidos, sabiendo el Tribunal que ese es el punto central para sostener la decisión y sabiendo, además, que no dispone ni un solo elemento de juicio que le permita armar su posición.

- Consta en autos que no hay relación temporal entre el momento en que los defendidos estuvieron destinados en la Escuela de Mecánica de la Armada y el momento posterior en que se habrían producido los actos de disposición desprolijamente aludidos en la sentencia.

- En opinión de la defensa los acontecimientos de autos encuadran en las operaciones militares realizadas con el propósito de aniquilar las organizaciones terroristas referidas en los dos decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en 1975. Ni más ni menos.

- En rigor el juez no sabe absolutamente nada de lo sucedido durante ese día que no sean las explicaciones del Capitán ROLON de signo completamente distinto, así como tampoco tiene forma de ampliar la orden del Capitán PERREN más allá del lugar donde él mismo la pone: capturar al oficial 1º montonero que respondía al nombre de guerra "Gabriel", era jefe del área de finanzas y manejaba el dinero ilícito.

- La estructura de la sentencia objetiva el vicio esencial que demuestra arbitrariedad, indicando que el Capitán Juan Carlos ROLON primero y el Capitán Jorge Enrique PERREN después (cuando tuvo la osadía de expresar por escrito la verdad de los hechos según fueron) son imputados de oportunidad a quienes se somete a esta situación con completa independencia de lo que hicieron o dejaron de hacer, de lo que se probó o dejó de probar, de lo que corresponde en términos de atribuibilidad y de lo que toleran la sana crítica y la lógica racional.

- Es que al margen de la visible mendacidad con que se manejan varios de los montoneros que testimoniaron en autos, atenuando incluso el alto grado de compromiso que ellos tienen con la situación que relatan así como la animosidad que los mueve, no obra en el legajo una sola prueba sindicando a los dos defendidos por su participación en la captura de Conrado Higinio GOMEZ. Menos todavía en lo que puede tener que ver con sus bienes, si es que lo fueron.

- Para la resolución existe asociación ilícita por la organización, haciendo como que no se da cuenta que esa forma de asociación tiene larga tradición, se remonta a las Ordenanzas reales, está en la Constitución, se contempla en el Código Civil, tiene su propio régimen orgánico y es lo que el derecho dice que es.

7) "Resolución de la Sala II de la Cámara Federal a las apelaciones en el caso de las Finanzas de los Montoneros" 

El 28 de diciembre del 2001 dispusieron las libertades del Alte. Massera y del Capitán de Navío Perren, pero continuan otras también arbitrarias detenciones de oficiales navales. Un fallo sin duda ideológico.

Con el país sumergido en una crisis de extrema gravedad, algunos estamentos del Poder Judicial – cual fantasmas de otro lejano pasado de violencias - continúan entretenidos en la persecución insensata contra sus propias Fuerzas Armadas, pretendiendo ejercer una justicia de venganza ideológica por los sucesos de la guerra revolucionaria de hace un cuarto de siglo.

Como encapsulada en si misma y ajena a la realidad nacional, el 28 de diciembre próximo pasado la Sala II de la Cámara Federal de la Capital emitió un dictamen – en votación dividida - que podría ser calificado de muchas formas, excepto como ajustado al derecho y a la mínima sensatez. Sin duda es fiel reflejo de las diferentes posiciones ideológicas de sus tres miembros.

Comienzan por describir su propia versión libre e inédita del complejo caso de la captura de las Finanzas de los Montoneros, pintando un inaceptable y hasta absurdo libreto central, donde los terroristas son denominados ¨las víctimas¨ y los militares pasan a ser ¨los malos¨, como en las películas policiales.

Tanto es así, que los observadores aun más imparciales coinciden en que este dictamen supera en sus fallas y abusos incluso al inicial procesamiento del discutido juez Claudio Bonadío; toman en cuenta solo parcialmente las partes del expediente aptas para incriminar a los acusados e ignoran olímpicamente los testimonios en sentido contrario de los mismos testigos de la querella, ex terroristas, particularmente cuando ellos afirman con desparpajo que los detenidos eran miembros de Montoneros y no pacíficos ciudadanos víctimas de pretendidos despojos de bienes.

Deciden dejar en libertad al Alte. Massera ante lo obvio, ya había sido procesado y condenado  por este caso entre otros; hacen lo mismo con un acusado civil ante la falta de evidencias incriminatorias. Cumplen así su deber de jueces, pero a continuación aplican lo que se podría llamar ¨el beneficio de la duda en contra de los acusados¨ para no disponer más libertades por las cuales clama el derecho más elemental, es que de hacerlo se vería burlado su ahora claro propósito, convertir a este rebuscado caso en una ¨mega causa¨ contra la ESMA, hoy elegida como el pato de la boda por los reivindicadores del terrorismo que para bien de la República fue derrotado aplastantemente en los 70´.

Es así que uno de los jueces, el Dr. Luraschi, pese a avalar el cuadro acusatorio arriba descripto, falla en disidencia votando por: "la inmediata libertad del Capitán de Navío Jorge E. Perren y del Capitán de Fragata Juan C. Rolón, por no haber evidencias de su participación en una presunta asociación ilícita para robar bienes de detenidos mediante extorsiones, por no existir evidencias que se hayan enriquecido en absoluto,  por no haber tampoco evidencias de que hayan participado en falsificaciones de documentos  y por no estar destinados en la ESMA en la época de la presunta comisión de tales delitos".

Sin embargo vota que, aunque excarcelados, ambos permanezcan procesados por la privación ilegal de la libertad de Higinio Gómez -probadamente un miembro de Montoneros, en el rol de financista y lavador del producto de secuestros famosos como el de los hermanos Born -, algo poco comprensible dado que esta causa se inició justamente para investigar si hubo esos desvíos de poder no cubiertos por las leyes de pacificación, las cuales sí abarcan las capturas de terroristas; pero es explicable aunque no justificable, porque el Dr. Luraschi avaló junto con los otros jueces la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes, tanto en esta causa como en otra anterior (caso Del Cerro).

Los otros dos jueces, siempre mencionados como afines a las ideas de izquierda, los Dres. Irurzun y Cattani, optan por otra decisión aun menos entendible. Por un lado deciden mantener detenido al Capitán Rolón, pese a no haber evidencias en su contra y pese a la presentación espontánea de su ex superior en esa época, el Capitán Perren, aportando claras evidencias de su inocencia, presentación que, como era de presuponer con un juez como Bonadío, le costó también su absurda y arbitraria detención desde principios de septiembre.

Por otro lado, deciden hacer lugar a la apelación de la indagatoria hecha en septiembre a Perren por Bonadío, por no estar ajustada a las normas del derecho  al no haberle hecho acusaciones concretas y la descripción de las hipotéticas evidencias que las avalen (algo difícil por cierto para ese juez, dicho oficial de la Armada solo existe en el expediente por su propio escrito espontáneo). Disponen ¨declarar nula la indagatoria y todos los actos de ella desprendidos, entre ellos el procesamiento¨ y al recibir tan comunicación, el nuevo Juez de la causa, Dr. Sergio Torres, dispuso la inmediata libertad del Capitán Perren, la cual se materializa el mismo día.

Es de notar que aun de ser hipotéticamente ciertas las acusaciones contra otros procesados, algo que    no nos merece fe alguna por provenir de notorios ex terroristas y por el paso del tiempo de muy discutible acreditación jurídica, los mismos deberían ser dejados libres inmediatamente por ´prescripción por tiempo´ (25 años).

Para evitar ello se ha inventado una nueva ´trampa jurídica derecho humanística´, sostienen los jueces que de haber habido robos serían de una nueva categoría y por lo tanto imprescriptibles: ¨robos de lesa humanidad¨.

Es de recordar, ante tanto despropósito, algo que remarca aun más este nuevo abuso de la justicia contra los militares, los delitos de los ex terroristas no son de lesa humanidad y prescriben, así es que Mario Firmenich puede hoy gozar, junto con los sobrevivientes de la cúpula terrorista, de la parte de los millones del secuestro de los Born que jamás fuera recuperada y nadie les reclama.

En síntesis, en estas épocas de carestía y desempleo, vemos que la profesión de terrorista asegura un buen pasar: indemnizaciones por haber sido ¨perseguidos¨ y impunidad para usufructuar los botines obtenidos.

"Apéndice 2 de la causa judicial de las Finanzas de los Montoneros"

Presentación de la defensa contra el testigo de cargo (Marcelo Hernández)

Señor Juez:

                1. Mi defendido prestó declaración indagatoria el martes 21 de agosto último, en un acto que llevó buen rato y terminó en horas del mediodía, al que además del nombrado asistieron V.S., el señor Fiscal de la causa, el Secretario, el Prosecretario y el suscripto. Mas si bien la declaración se cumplió por tanto ante contadas personas, en un recinto reducido y con la reserva prescripta por el artículo 295 del rito para un expediente judicial sustraído de terceros por imperio del artículo 204 de ese texto, su contenido se difundió con clara tendenciosidad en algún diario del siguiente miércoles 22.

Pongo por caso el artículo publicado por La Nación en la página 9 de su edición de ese día, cuya autora empieza diciendo: "Una alta fuente judicial que presenció la declaración confirmó que...". El texto es claro y elocuente, sin problemas de interpretación; y aunque su letra tiene entidad para reflexiones de otro cuño, tomo de momento la fuente al solo efecto de puntualizar que lo expuesto por mi defendido en su declaración indagatoria tomó estado público con inusitada rapidez. De lo cual da cuenta el escrito de la querella de fs.1866, presentado en la Secretaría Actuaria el miércoles 22 para referir la aparición de un supuesto testigo, hasta ahí desconocido, entrando precipitadamente al ruedo por su propia iniciativa y voluntad.

Como además es notorio que la sorpresiva aparición de quien resulta ser Marcelo Camilo HERNÁNDEZ obedece al afán por contradecir la versión distinta proporcionada por mi defendido un día antes, obligado concluir que la iniciativa y voluntad de comparecer no son únicamente suyas. El nombrado trae al legajo otros compromisos distintos de la verdad, puestos por detrás del interés de formular los cargos convenientes para perjudicar la situación del Capitán ROLON en estos autos. Lo suyo se relaciona con la declaración de mi defendido cual reacción mecánica al estímulo, respuesta inmediata, descarada y directa para confundir, enredar y sembrar la incertidumbre en aquellos aspectos concretos que se procura controvertir desde afuera. Pues lógicamente, por lo mismo que el hombre aparece enterándose al instante de los términos de la indagatoria en cuestión, salta a la vista que estos autos sufren influencias ocultas que no surgen de la lectura del expediente.

                2. Mi problema hoy es el testimonio de HERNÁNDEZ, en la medida en que su incorporación al legajo requiere la valoración crítica propia de toda pieza probatoria. Porque aparte la manera como el testigo resulta tal y de lado también por ahora la manifiesta parcialidad con que se produce el interesado pese a la forma como respondió la pregunta sobre las generales de la ley, importa destacar que el relato carece de consistencia y no pasa la prueba de fidelidad. Tanta preocupación del nombrado por cumplir un papel determinado que obra como quien espera obtener algo a cambio, desborda los límites de la prudencia, sobreactúa, se llena con datos que le habrán parecido acordes al compromiso y se pierde en contradicciones, exageraciones, ridiculeces y cosas del estilo.

El testigo HERNÁNDEZ está visiblemente interesado en situar a GÓMEZ dentro de la oficina donde, dice, el personal de la Armada capturó toda una fila de montoneros llegados en columna uno tras otro al mismo lugar. Y se ocupa especialmente de apuntar que el abogado GOMEZ estaba primero en el sitio en tanto su jefe GASPARINI llegó el último, terciando sin pudor en esa diferente forma de contar las cosas que registran uno y otro en autos. Mas como su aporte a la imagen de GASPARINI tiene que cambiarse por algo, se ocupa también de señalar que la incierta suma de dinero en efectivo hallada en la oficina era de propiedad personal de GÓMEZ y no, como se ha dicho en varias fuentes, parte del rescate pagado por la liberación de los hermanos BORN. Supongo que tanta preocupación tiene un motivo y persigue alguna finalidad, independiente sospecho de la situación de mi defendido; pero como de paso carga las tintas en su contra, debo necesariamente destacar lo que el testimonio tiene de falso para perjudicar al Capitán ROLON en los autos.

                3. Empiezo subrayando un hecho notorio que me ocupé de rastrear en estos días. Porque la primer pista que descalifica el testimonio de HERNÁNDEZ viene de que, siendo sorpresivo, precipitado y de favor, el supuesto testigo que afirma haber permanecido privado de su libertad largo tiempo en la Escuela de Mecánica sólo hace pública esa condición en esta causa, más de veintitrés años después de producidos los episodios que relata y, detalle sugestivo, sin haber declarado nunca antes en ninguna de las investigaciones judiciales abiertas a partir de 1983, especialmente desde la CONADEP, más que todo en el expediente formado por orden del Decreto 158/83 y registrado con el número 13 del libro especial de la Alzada, tampoco en la causa específica número 761 del mismo registro y menos en la amplísima literatura de todo tipo aparecida desde entonces en nuestro medio.

Parece que tampoco se presentó ante el inefable juez GARZON ni, supongo, habría gestionado la importante suma de dinero que asigna el Estado a quienes pasaron por una situación de esa índole. Aunque, aclaro, quizá me equivoque y algo haya escrito sobre HERNÁNDEZ en los miles y miles de folios que se refieren al fenómeno descripto por el artículo 10 de la Ley 23.049. Pues a decir verdad no tuve tiempo de recorrer la totalidad del material disponible y a la mano en los días pasados, desde que me impuse de su declaración y redacto este escrito. Encuentro curioso sin embargo que, siendo HERNÁNDEZ nada menos que el segundo de GASPARINI en un área cara a los Montoneros, nadie hable de él o se lo mencione por quienes habrían compartido el cautiverio.

Lo cual autoriza por supuesto a dudar de cuanto dice el nombrado en sus declaraciones de autos. Igual que podría hacerlo reparando en varios pasajes de notoria intencionalidad francamente alzados contra el deber de decir la verdad que condiciona la aceptación del testigo. Prefiero hacer hincapié en ciertas faltas a la coherencia, como las que hizo notar mi defendido en el careo de autos, así como los pasajes donde HERNÁNDEZ va incluso más lejos que el propio GASPARINI al mentar falsas circunstancias que ni siquiera el nombrado, a su término y como se verá tan mendaz como su segundo, se animó a referir en tamaños calibre y dimensión.

Cito por ejemplo un escrito reciente del periodista (Gasparini), publicado en Clarin del 26 de agosto:

"Cavallo formó parte de la cuadrilla que asesinó a mi compañera Mónica Jáuregui en Buenos Aires el 10 de enero de 1977. Por la mañana yo había sido capturado en las oficinas del abogado Conrado Gómez que nos alquilaba un departamento en Sánchez de Bustamante 731. Gómez facilitó a los captores el dato sobre nuestra vivienda, en la que también estaban mis dos hijos, Emiliano Miguel y Arturo Benigno, y una amiga viuda, Alba Delia Aldaya".

Vea por ejemplo V.S. que el testigo viene preparado para admitir que en la oficina donde funcionaba la central financiera de Montoneros había dinero en efectivo, aunque no titubea en sostener que ese dinero pertenecía al abogado GÓMEZ y no a la Organización cuyos fondos el dicente concurría a cuidar. O sea que para HERNÁNDEZ en pleno enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, justo en la época en que los cuadros del Ejército Montonero padecían la más violenta hostilidad de las fuerzas regulares, cuando afrontaban el mayor de los peligros y se disponían a morir envenenados por el cianuro, el doctor GÓMEZ encontró atinado y prudente tener buena parte de su capital en dinero efectivo no en un banco, una caja de seguridad o una financiera de las que ofrecían buen interés en la época; nada de eso: GÓMEZ tuvo la perspicacia de guardar los billetes en una guarida montonera.

Es curioso. Mientras los responsables de finanzas de Montoneros buscaban sitios más recónditos y apropiados para esconder el dinero acumulado de tanto botín, el doctor GÓMEZ dejaba el suyo donde no se animaban a ponerlo los Montoneros, en una oficina montada para encubrir la actividad de un grupo de la organización que estaba en guerra con las fuerzas regulares.

El testigo HERNÁNDEZ toma especial cuidado en decir que GÓMEZ no formaba parte de la Organización, así como quiere hacer creer que era GÓMEZ el dueño de la oficina y que por pura simpatía la prestaba para el funcionamiento del área de finanzas a la que competía manejar los cuantiosos recursos de fuente ilícita. Aunque fuera como fuera tanto los miembros como los simpatizantes previeron que las Fuerzas Armadas podían descubrir el escondite. Y de todas maneras tampoco es cierto, pues GÓMEZ era sin duda un miembro conspicuo de la Organización, apto para montar la fachada con que se enmascaraba la administración de los fondos locales de los Montoneros ("Era mi abogado y era Montonero", asevera sin vueltas Guillermo MARTINEZ AGÜERO en una entrevista llena de revelaciones que publica el diario Los Andes del 30 de mayo de 1999)

Y es igualmente curiosa la descripción narrada como si el testigo hubiera percibido todo por sus sentidos pese a que al llegar lo engrillaron, lo encapucharon, lo esposaron y lo encerraron en el fondo. Porque pese al estado de ánimo que es de imaginar y las dificultades para ver y escuchar en las condiciones en que dice haber sido colocado, HERNÁNDEZ supo cuántas personas sufrieron la misma suerte, se enteró que GASPARINI fue el último de la serie, pudo apreciar que GÓMEZ estaba en otra dependencia de la misma oficina y hasta percibió que al mismo se le prodigaba trato preferencial. Un testigo debe razonablemente dar razón de sus dichos, cosa que HERNÁNDEZ no hace ni puede hacer en la medida en que o no pasó por las que dice haber pasado o si las pasó no escuchó ni vio lo que dice haber escuchado y visto.

Agrego lo apuntado por mi defendido en el careo de autos, por cuanto es visiblemente absurdo que HERNÁNDEZ ocultara el domicilio de su familia preocupado porque su mujer estaba en trance de tener un hijo el día de su captura y, al tiempo, se enterara del alumbramiento y del sexo de la criatura por la gentilezas de uno de sus captores que le alcanzó la noticia. O miente en un tramo o miente en el otro si no es que, como personalmente sospecho, miente en los dos; así como miente sin empacho al referirse al procedimiento presuntamente llevado a cabo en la casa de GASPARINI pues, más allá de que pareciera que también miente GASPARINI, la Cámara Federal de esta ciudad estableció en la causa 13 que ese hecho tuvo lugar en la noche del mismo día de enero de 1977.

Una mentira especialmente elaborada y francamente intencional, pues todo eso se hace y dice al solo efecto de multiplicar -como señala el Capitán ROLON en el careo- el protagonismo de mi defendido en lo que sería objeto de esta causa. Lo mismo que hace en el pasaje donde habla de "las conversaciones que se mantenían alrededor de los bienes obtenidos o de dinero" de que hace participar a mi defendido a pesar de que para entonces el nombrado ya había efectivizado su pase a otro destino naval. Y no es sólo el escollo físico que impedía a mi defendido estar en dos lados al mismo tiempo; es además que el cuento cae por absurdo, ya que no veo cómo el testigo podía pasar los severísimos rigores a que dice haber sido sometido en la Escuela de Mecánica mientras asistía, presenciaba o escuchaba las conversaciones que se mantenían en los recintos destinados a plana de oficiales. Es pueril la posición asumida por HERNÁNDEZ en ese raro papel de prisionero que anda de aquí para allá por todas las dependencias de la Escuela de Mecánica, como observador privilegiado que constata disímiles circunstancias del más variado tipo y condición.

                4. En síntesis, y sin perjuicio de volver sobre el contenido de una declaración inusual por lo desfachatada -versión tan irresponsable y falsa que hasta vale preguntarse si el sujeto tiene bien estibadas sus facultades mentales-, señalo que la actividad sumarial tendrá que prescindir de esta fuente de conocimiento aparte las otras consecuencias que son de rigor y proceden en derecho. Es sencillo verificar que su versión es completamente distinta de las demás suministradas por el resto de quienes han declarado y pertenecido al mismo bando, por lo cual V.S. no tendría más remedio que multiplicar los careos según el criterio adoptado en el caso de mi defendido.

Tal como están las cosas considero que la declaración de HERNÁNDEZ resulta un testimonio exageradamente libre, hecho a la sola voluntad del declarante, sin el rigor exigible a una prueba de su índole ni las precisiones que debieron requerirse a quien, después de aparecer en el expediente de forma tan sorprendente, se muestra generoso en detalles de los que no puede dar razón mientras pasa por alto otras circunstancias importantes que no debería ignorar si las cosas fueran como las cuenta, se muestra vago y ambiguo en pasajes enteros de su deposición, libera rencores y resentimientos que no admitió como debía y se presenta cargado de actitudes perimidas treinta años atrás. Por lo cual corresponde empezar de nuevo, cumpliendo otra vez la declaración testimonial para permitir que la sana crítica probatoria actúe como corresponde desde el momento mismo en que la prueba se adquiere para la causa y, por tanto, se reúnen los datos que hacen a su consistencia y fidelidad.

No entro en honduras ni me pongo a debatir cosas que podrían ser así o de otro modo. Me limito a recordar reglas básicas de investigación judicial, pautas trilladas previniendo que la pesquisa tiene especial cuidado y mucho aprecio por la prolijidad, los detalles, la precisión y el orden del interrogatorio en cuanto claves principales para conducir cualquier trabajo de reconstrucción histórica que, se supone, sólo fructifica cuando consigue establecer la verdad. El derecho procesal pone el acento en las formas de adquisición probatoria para prevenir contra la anarquía y evitar manipuleos como el que me ocupa, que de otro modo la prueba no sería para la causa sino al revés. Y conste que escribo sobre lo que es obvio y está a la vista temiendo, desde que V.S. ordenó el careo y aisló dos contradicciones del considerablemente más amplio cúmulo de sandeces dichas por HERNÁNDEZ en su deposición, que pese a todo se asigne valor a un acto de insoportable fragilidad apto tan solo para complicar la situación del protagonista.

La doctrina habla de valoración de la prueba para dejar claro que la acumulación de datos no se parece al conteo de quien está encargado de llevar el score. Así como el método de la sana crítica es primero que todo análisis de consistencia, credibilidad y coherencia con el resto de las piezas del conjunto, que en el caso llega bastante más allá del continente de la causa.

Transcurrieron, repito, veintitrés años y pico de la fecha de los hechos; extenso intervalo de tiempo que por cierto no se perdió en la indiferencia general ni la pasividad judicial, aunque eso no se note en el interrogatorio a HERNANDEZ. Y hago hincapié en el tiempo transcurrido porque llama poderosamente la atención que HERNÁNDEZ dejara pasar todos esos años sin decir ni pío sobre lo que supuestamente sabe y le pasó, para acordarse de repente de ROLON, justo el día que el nombrado comparece ante el Tribunal; así como llama poderosamente la atención que el testigo, vuelto testigo sorpresivo, espontáneo y diligente veintitrés años después, testimonie el jueves 23 de agosto y lo vuelva a hacer, de nuevo por su iniciativa y ocurrencia personal, el siguiente lunes 27 aduciendo que dedicó el fin de semana a recordar; entre la forma como se condujo en la primer oportunidad y lo que sale a decir en la segunda tengo derecho a pensar que el nombrado dice lo que le dicen que diga, proporcionando los detalles convenientes a vaya uno a saber qué interés, excursión o apuesta, sin recato, decencia o respeto por la verdad.

Insisto entonces con que el testimonio en cuestión se reproduzca como es debido, en función de las numerosas evidencias que demuestran mendacidad y con el cuidado puesto en aclarar las cosas como fueron. Al fin y al cabo el Tribunal instala esta causa con el aparente propósito de volver a investigar un episodio público, conocido, difundido por el propio GASPARINI en buena parte de su material escrito y ventilado en varias causas judiciales que ya fueron sustanciadas y resueltas.