Es probable que Néstor Kirchner no conozca de primera mano que el rey Juan Carlos de España se interesó por el caso del ex capitán de la marina Ricardo Miguel Cavallo. Cavallo está detenido en Madrid en el penal de Soto del Real por orden del juez Baltasar Garzón. Está acusado de cometer los mismos delitos contra los derechos humanos que aquí investiga el juez federal de Bahía Blanca Sergio Torres, quien ya tiene redactado un escrito declarando constitucional la nulidad de las leyes del perdón, en línea con lo que votó el Congreso.

Tampoco sabrá -no es su responsabilidad directa, aunque es el titular de las Fuerzas Armadas-de un documento público que descansa en archivos de dos ministerios, y acredita que el marino retirado fue detenido sin causa abierta en España ni orden de captura.

Pero él es abogado, con buena estrella en la solución de entredichos hipotecarios y también lo es el canciller Rafael-Bielsa, cuya posición de no reabrir el capítulo del pasado era pública y conocida, esta vez tocado además por la suertedesgracia de ser titular de uno de los ministerios en donde se archivó el documento revelador, en consecuencia, habrá un litigio en el gabinete. El otro depositario del molesto paper oficial, la cartera que ocupa José Pampuro, es blanco habitual de las iras presidenciales. El secretario general de la Casa del Rey, Ricardo Díez Hochleitner, un conspicuo diplomático español, respondió el 17 de octubre pasado en representación del rey, una carta que había enviado Oscar Cavallo, padre del marino preso.

• Grave irregularidad

La nota redactada en fina papelería del Palacio de la Zarzuela exhibe el estilo concreto del monarca, quien además es marino: «... su majestad ha quedado enterado del contenido de su escrito y se ha dispuesto su traslado al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos...». La frase hacía alusión a una grave irregularidad en el proceso de detención de Cavallo ocurrida en agosto de 2000: no había causa abierta en España ni orden de captura cuando Interpol lo detuvo en México, situación que se emparejó a los cinco días de encarcelado con otro escrito del polémico Garzón.

La novedad pone a Bielsa en el ojo del huracán a pesar de que el episodio sucedió durante la gestión del entonces canciller aliancista Adalberto Rodríguez Giavarini. Giavarini tuvo la solución política en sus manos, gracias al ofrecimiento de Rosario Green, ex canciller azteca y actual embajadora en el país: «Si me lo piden lo envío a la Argentina», memoraron las fuentes y Giavarini no respondió. Existe documentación diplomática archivada en la Dirección General de Asuntos Consulares y un escrito del juez español Guillermo Ruiz Polanco, subrogante de Garzón, que afirma que el marino argentino no tenía ninguna causa ni pedido de captura internacional por parte de la Justicia española al momento de ser encarcelado por los mexicanos en Cancún.

• Ofensiva

Además, la línea política de la Cancillería emprendió la semana pasada una ofensiva --sumario administrativo-contra el director de Asuntos Jurídicos, Mariano Maciel (h), por espacios de poder, que dificulta la reconstrucción de la hoja de ruta por donde pasó la información sensible del caso Cavallo. El elemento de la discordia es el fax enviado a la Cancillería por el cónsul general de Madrid, Daniel Azzi Balbi, al que este diario tuvo acceso exclusivo, fechado el 31 de agosto de 2000. En su parte medular el texto dice: «... aclárase al respecto que la providencia del 25/8/00 fue dictada por el juez Guillermo Ruiz Polanco quien sustituía provisoriamente al juez Garzón, por licencia de éste. La providencia del 30/8/00 fue dictada por el mismo Garzón a fin de abrir el trámite de procesamiento del 'cidar' (ciudadano argentino, en la jerga diplomática) Ricardo o Miguel Angel Cavallo y posibilitar la orden de detención internacional. Nótese que al tiempo de la detención de Cavallo en México, éste no tenía causa alguna abierta en España y consecuentemente no existía orden internacional de captura contra él».

• Advertencia

La advertencia final del cónsul lo puso a resguardo de reprimendas futuras, el ordenamiento jurídico que rige los derechos y obligaciones de los cónsules en el exterior establece la obligación de prestar ayuda y asistencia a sus connacionales. Como se recordará el nombre de Ricardo Cavallo saltó a la luz para una gran mayoría a partir de su detención en Cancún el 24 de agosto de 2000 en manos de Interpol, cuando según la crónica azteca: pretendía huir hacia Buenos Aires luego de haber sido descubierto e identificado como represor de la ESMA. El 25 de agosto de 2000 el juez español Ruiz Polanco, en ausencia de Garzón, redactó «la providencia» citada en el fax del cónsul Azzi Balbi y se lee: «... líbrese oficio al Sr. Comisario Jefe del Servicio de Interpol, a fin de comunicarle que en este Juzgado se instruye sumario 19/97 por un presunto delito de terrorismo y genocidio, no constando procesado en el mismo Ricardo Miguel Cavallo o Miguel Angel Cavallo, ni habiéndose dictado orden internacional de detención contra aquél».