ALFREDO ASTIZ

´La Nueva Provincia´ - Bahía Blanca - República Argentina - 29 de Setiembre de 2003

Las acciones judiciales emprendidas contra el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz suponen un nuevo atentado a los derechos individuales, supuestamente delimitados en la Constitución, que estaría alentado por el presidente de la Nación y podría ser considerado una prueba más del denominado estilo K.

Meter preso a un ciudadano dos veces juzgado por el mismo delito y dos veces sobreseído por falta de mérito, acosado hasta el hartazgo por los medios a solicitud del poder político de turno, obligado sin condena ninguna a deambular por el territorio nacional, en una clara persecución ideológica sin otro sustento que el de haber estado del lado contrario al terrorismo subversivo que asoló a la Patria; esta prueba concluyente de falta absoluta de justicia es llevada adelante, curiosamente, por el presidente que dice venir a ordenar la justicia en el país.

Claro que se trata del mismo presidente que intenta cambiar a su arbitrio a los jueces de la Corte Suprema, conformando una nueva, pero preservando el principio de una terna ¿única?, sin presiones políticas, a fin de lograr una corte imparcial, constituida por sus partidarios, o sea para nada parecida a la antigua "mayoría automática" de cuando la justicia era manipulada. En fin, todo indicaría que siguiendo los lineamientos tomados en cuenta para la conformación de la Corte de Santa Cruz.

No otra persona es la que en España aclaró que su gobierno no protege delincuentes, en explícita alusión al capitán Cavallo, ciudadano argentino que en nuestro país fue igualmente sobreseído por falta de mérito, o sea que no tiene causas pendientes con la justicia. Esto es, parecería que de acuerdo con la tradición de los mejores regímenes totalitarios, es posible, en la Argentina de hoy, discriminar y perseguir y encarcelar y privar de sus derechos a personas que piensan distinto de la ideología que ha tomado el control del Estado.

Es el caso sumamente curioso de nuestro país donde se derogan leyes que luego se anulan, y las derogan y anulan, sin el menor rubor, los mismos protagonistas que unos años atrás la habían sancionado. En fin, aunque reiterada a cada momento, la abrumadora duplicidad de nuestra época nos deja siempre un poco más perplejos.

Qué otra cosa si no es que el mismo oficial paracaidista francés, hoy presidente Chirac (es aceptado y reconocido por el ejército galo que los paracaidistas eran los encargados de obtener de "la manera que fuera" información de las células terroristas argelinos), esto es, digámoslo todo, que un ex torturador se muestre preocupado por los derechos humanos pero, en la Argentina, es cosa muy notable.

Ahora parece que hasta el Pentágono aconsejó a sus altos oficiales recordar la "metodología francesa", repasando particularmente la película ´La batalla de Argelia´, donde está suficientemente explicitado el ´respeto por los derechos humanos´ que evidenciaban los terroristas argelinos, tanto como el ´humanismo misericordioso´ de las tropas francesas.

Lo que no deja también de ser, por un lado, una ratificación de lo que los franceses entendían por derechos humanos, y por otro, la hipocresía del imperio americano, que parece abandonar su candorosa inocencia, pues está a punto de ¡descubrir la tortura! Pero, entiéndase bien, no hay aquí, no puede haberla, en nuestra opinión, justificación a la tortura, dado que no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir un bien y "nos referimos no sólo a la tortura física sino a la moral y a la coacción psicológica... los encarcelamientos arbitrarios y las deportaciones... deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia" (Concilio Vaticano II).

Aunque todo esto, para terceros países, no deja de ser una trivialidad y pasa a segundo plano ante el avance de la inequidad, ante la inacabable persecución que puede sufrir un ciudadano argentino en su propio territorio.

También es cierto que, en el polo opuesto, el ex fiscal de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes del Proceso, Raúl Moreno Ocampo, a quien es difícil considerar como complaciente con las Fuerzas Armadas, en una larga entrevista televisiva, aclaró hace unos años, al ser consultado por el tema Astiz, que él consideraba que no había ninguna prueba que lo involucrara de manera alguna y que así lo había decidido la justicia en fallos que él compartía plenamente.

Si lo que se pretende lograr, en cambio -- a través de este caso desdichado --, es demostrar que el odio de las tan ´entrañables madres´ de Plaza de ...... no tiene límites, sobre todo con quien se atrevió a infiltrarlas para obtener información sobre sus procedimientos, y como una manera más de señalar que ellas son ciudadanos especiales, tanto que están por encima de cualquier ley; si el objetivo entonces es evidenciar que constituyen un nuevo poder autónomo, con especiales privilegios dentro de la sociedad, van por buen camino.

En este sentido, es interesante recordar que su apacible presidenta ha festejado los más terribles atentados de la ETA. Luego, con júbilo no menor, celebró el atentado contra las Torres Gemelas; llamó a la insurrección y a la lucha armada hasta el cansancio y por todos los medios, sin que ningún fiscal, ningún juez, en los cinco casos en que fue denunciada, encontrara razones suficientes para procesarla.

Por esto es que no deja de ser una curiosidad casi antropológica que Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse tengan que trasladarse a Santiago del Estero para descubrir que allí, en Santiago, la justicia funciona muy mal.

En fin, nuestra justicia, tan mal parada las últimas décadas, "apretada" por la partidocracia para legitimar sus desastres, lentísima, generosa en arbitrariedad, sufre ahora, además, la impronta ideológica del pensamiento único, con su resaca de fanatismo, fealdad, resentimiento. Dios quiera que los argentinos podamos reaccionar, antes de que se cumpla la anticipación que hace más de mil años anotó un gran conocedor del alma, San Agustín: un pueblo sin justicia se convierte en una banda de salvajes.

Miguel A. De Lorenzo es médico y reside en Buenos Aires

....On a capturé à un citoyen qui a été jugé deux fois par le même delit et ces deux fois a été rendu un non-lieu à défaut de preuves et de raisons.......

En los años 70 sí hubo una guerra interna

http://www.lanacion.com.ar/03/10/09/do_534033.asp

Por Jorge Norberto Apa
Para LA NACION

El análisis histórico del conflicto armado iniciado en la Argentina
de los años 60 ha sufrido una enorme distorsión debido a intereses
ideológicos y comerciales que desinformaron a la opinión pública y
que pesaron en los medios de comunicación social. La primera
tergiversación fue sostener que la situación comenzó el 24 de marzo
de 1976, cuando en realidad se inició mucho antes. Entre 1969 y 1979
se produjeron 21.642 hechos de terrorismo, de los cuales 5215 fueron
atentados con explosivos; 1052, incendiarios; 1501, asesinatos, y
1748, secuestros extorsivos (sentencia del juicio a las juntas
militares, causa 13, diciembre de 1985).

Se impusieron las ideas de que las acciones de las organizaciones
terroristas constituían delitos comunes y de que el Estado los
combatió con procedimientos ilegales. Se habló de "terrorismo de
Estado" y se calificó a las Fuerzas Armadas de genocidas.

Según el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) -creada en
Roma en 1998 y reconocida por nuestro país el 30 de noviembre de 2000-
, los actos realizados por las partes enfrentadas en la Argentina no
se encuentran tipificados como genocidio, vocablo utilizado con fines
políticos por los abogados y familiares de los terroristas muertos o
desaparecidos, debido al impacto emocional que produce.

Otra evidencia es el último documento sobre los desaparecidos en la
década del 70, el libro Obediencia debida , de José Luis D´Andrea
Mohr, 1999. Allí se registran 7970 desaparecidos -no 30.000, como se
repite sin fundamento-, de los cuales 922 corresponden al período del
25 mayo de 1973 al 24 marzo de 1976, cuando gobernaban presidentes
constitucionales.

Además, según documentos de las propias organizaciones terroristas,
sólo en 1974 y 1975 fueron cometidos 6762 hechos subversivos.

La confusión proviene de la intención de no admitir que en nuestro
país hubo una guerra. Se trata de encuadrar como delitos comunes las
acciones asimétricas que se realizan en los primeros años de las así
llamadas "guerras revolucionarias". Debemos analizar sin prejuicios
si los enfrentamientos armados y las acciones relacionadas con ellos
configuran una guerra.

El Protocolo II de los convenios de Ginebra, del 12 agosto de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los "conflictos armados
sin carácter internacional", dice que sus normas se aplicarán a todos
los conflictos armados que no estén cubiertos por el Protocolo I,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales "y los que se desarrollen en el territorio de una
parte entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan
sobre un sector del territorio un control tal que les permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas".

Al contrario de lo que es frecuente en el caso de las guerrillas
rurales, las guerrilas urbanas no dominan territorios. El concepto
alude a la capacidad de operar y concentrar efectivos sobre el blanco
elegido para luego dispersarse y estar en posibilidad de actuar
nuevamente en otra misión. Se añade que el Protocolo I no se aplicará
a las situaciones de tensión interna y de disturbios tales como los
motines y los actos esporádicos y aislados de violencia, que no son
conflictos armados.

En nuestro país, durante la década del 70, comenzaron a actuar, entre
otros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y
Montoneros. Ellos crearon sus "brazos armados", que denominaron,
respectivamente, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Ejército
Montonero, con la intención de desarrollarlos para enfrentar a las
fuerzas regulares de la República.

Ambos poseían uniformes distintivos (aunque, en general, actuaban
como partisanos, confundidos con la población), un mando que dependía
del órgano político, grados, bandera (que no era la nacional),
códigos de justicia militar, reglamentos de instrucción militar,
servicios de inteligencia, una logística desarrollada (servicio de
sanidad, fábricas de armas y de explosivos, depósitos de alimentos,
de armas y de municiones, imprentas, cárceles clandestinas),
servicios de finanzas, de prensa y de propaganda. También
tenían "servicios de relaciones internacionales" muy activos que
organizaron grupos de solidaridad y por los derechos humanos (de los
terroristas) en las principales ciudades de Europa.

Según documentos y declaraciones, actuaron de cuatro mil a cinco mil
combatientes y unos 20.000 "periféricos". Para ratificar esto,
transcribo parte del texto de la sentencia a los
comandantes: "También está fuera de toda discusión que a partir de
1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó
a través de los métodos empleados por los insurgentes, por su
cantidad, por su estructura militar, por su capacidad ofensiva, por
su poder de fuego y por los recursos económicos con que contaban".

En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este
proceso y a las características que asumió el terrorismo en la
República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de
clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto
de "guerra revolucionaria".

Esta metodología estaba pensada para modificar la relación de poder
de combate entre sus organizaciones y las fuerzas legales. Cuando se
alcanzara cierto equilibrio, cambiaría la forma y se llegaría al
enfrentamiento convencional.

Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en
nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las
organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio
Estado.

Para no extenderme, no efectúo referencias a la abundante
bibliografía ni a las declaraciones de los ex terroristas, que
también afirman que aquello fue una guerra.

El constitucionalista Germán Bidart Campos sostiene que cuando la
emergencia desencadena operaciones bélicas entre el gobierno
constituido y los insurgentes pueden aplicarse las leyes y los usos
de la guerra, aun cuando el primero considere a los segundos
delincuentes políticos. Continúa Bidart Campos: "No hay entonces
delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes
son bélicamente iguales" (sentencia a los comandantes, causa 13).

Con los datos aportados para demostrar que ese conflicto armado fue
una guerra intestina, pasemos al fondo de la cuestión.

En primer lugar, de la Declaración Universal de Derechos Humanos
sancionada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de
1948, transcribiré el artículo 30: "Nada en la presente declaración
podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados".

En segundo lugar, está el Protocolo II, ya comentado, que obliga a
las partes a respetar los derechos humanos.

En tercer lugar, el estatuto de la Corte Penal Internacional enumera
en su artículo 7° los crímenes de lesa humanidad. Califica así a
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometen como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra la población civil:
asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho internacional,
tortura y -agrego- desaparición forzada de personas, de la que
únicamente se inculpa a una de las partes.

A cada quien lo suyo

Analizadas las informaciones y datos que anteceden, es fácil evaluar
que las organizaciones terroristas no eran grupos de delincuentes
comunes ni mafias que actuaban en provecho propio, sino
organizaciones políticas y militares que querían tomar el poder por
las armas. Por lo expuesto, surge claramente que ambas partes
violaron los derechos humanos que figuran en la declaración de 1948 y
en el Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, y
que sus actos entraron dentro de la tipificación del estatuto de la
CPI.

Todos los involucrados deben tener un trato equivalente ante la
Justicia. A cada parte le corresponde "pagar su denario". La
ecuanimidad, base de la justicia , es factor indispensable para
evitar una nueva fractura del cuerpo social, ya sea por vía de una
sanción a todos los réprobos como mediante el amparo de un perdón
general y definitivo que garantice la paz social.

Sancionar a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que
participaron institucionalmente en la lucha contra el terrorismo
subversivo y permitir que miembros de las organizaciones terroristas
formen parte de las principales estructuras del Estado, enseñoreados
y en busca de venganza, no es justicia ni defensa de los derechos
humanos. Es injusticia, porque no es imparcial, ni equitativo, ni
ajustado a derecho, ya que vulnera la Constitución nacional cuando
dice que todos los hombres son iguales ante la ley.

El autor es general de brigada (R).

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El 26 MAR, el COIM, en cumplimiento de una orden superior dispone que se aliste una sección de tiradores reforzada de no más de 30 hombres para ser embarcada en la Corbeta ARA "Guerrico" para llevar a cabo una misión de carácter secreto y dada la independencia de la posible tarea se designó al TNIM LUNA y TCIM GIUSTI como Jefe y 2do Jefe de la misma respectivamente.